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3 octubre, 2011

¡Los tenemos rodeados!

En un secuestro, las primeras 72 horas son claves. La policía lo sabe y cada pieza de información que puedan conseguir para resolver el caso en ese tiempo es vital. A veces, la única pista es un número de teléfono. Quizás se le puede relacionar con un caso de extorsión, un fraude financiero o incluso una violación sanitaria. Pero el problema de América Latina, con las complejas estructuras que están en torno a las organizaciones públicas es, que transformar ese grupo de dígitos en información útil para el caso puede tomar horas, días y hasta semanas. El oficial a cargo del caso usualmente debe lidiar con otras agencias policiales, militares o de investigación, cada una con su propio sistema burocrático, para intercambiar la información.

No obstante, la inteligencia en materia de seguridad pública está recibiendo amplia ayuda desde la tecnología: el cloud computing y otras tecnologías relacionadas están permitiendo que las agencias encargadas de la seguridad de sus países y ciudades cuenten con información compartida y de rápido acceso. Un esfuerzo que está principalmente radicado en México y Colombia, pero que también es seguido por Brasil, Argentina y Chile.

Una buena noticia para una región que destaca por tener algunas de las tasas de criminalidad y de homicidios más altas del mundo, pero donde las estructuras policiales destacan por su ineficiencia. “En América Latina hay abundante evidencia de que se requieren sistemas más sofisticados para prevenir y controlar los delitos”, dice la peruana Lucía Dammert, directora del programa Seguridad Ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). “Existe una emergencia de desarrollo tecnológico en diversos ámbitos, pero sobre todo en lo que se refiere a la unificación de bases de datos de información”.

México fue uno de los primeros en plantearse esta necesidad. La mayor intensidad que ha cobrado la violencia en el país como efecto de la guerra contra las drogas y la enorme atomización de su fuerza de seguridad (en el país hay alrededor de 2.200 cuerpos policiales distintos), han hecho que el país busque nuevas formas para combatir el crimen. En 2008 el gobierno nacional lanzó el programa Plataforma México, un sistema centralizado de información cuyo objetivo es unir las bases de datos de todos los organismos públicos que se preocupan de la seguridad en el país. Con un presupuesto de casi US$ 130 millones sólo para 2011, este plan se centra en el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de sistemas computacionales y el equipamiento de estaciones de policía.

“Plataforma México es un proyecto que se encuentra emplazado en Ciudad de México en un complejo subterráneo de cinco niveles con fuertes medidas de seguridad”, dice Rogelio Cerda, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de México. Muchos han criticado la ejecución y la enorme cantidad de recursos gastados en este proyecto. “Es un gran esfuerzo del país y hay que cuidarlo transversalmente, porque pronto comenzará a dar los resultados esperados”, dice Cerda, quien cree que esfuerzos como éstos deben ir acompañados de otras iniciativas legislativas que apunten a centralizar los mandos de los cuerpos policiales. El anhelo es un proceso de justicia integrada, donde todos los organismos “conversen entre sí” para optimizar los procesos.

“En general el gobierno ha crecido con silos de información. La justicia tiene su base de datos, la policía tiene la suya y los elementos de investigación tienen los propios”, dice Guillermo Almada, director de Negocios para el Sector Público de Microsoft en Latinoamérica, compañía que es proveedora de tecnología para este programa. “Uno de los pilares de Plataforma México es consolidar toda esa información en una base de datos integrada, lógica, que permita tener una mejor respuesta y agilizar la colaboración entre las distintas entidades que intervienen en un caso determinado”.

En concreto, se trata de alojar la información de las fuerzas de seguridad pública en la nube y aprovechar la movilidad que esto permite y los ahorros en infraestructura de data centers dispersos. “El cloud computing puede ayudar a que los departamentos de policía tengan sus registros [bancos de fotos, formularios, órdenes, entre otros] en la nube y acceder a ellos desde cualquier lugar y dispositivo”, dice Sergio Rademacher, gerente de Qumulos, un proveedor regional de cloud empresarial de la chilena Sonda. “Les permite también acceder a toda la información sin limitaciones geográficas, temporales ni de espacio físico y además realizar el trabajo de forma más eficiente y en un ambiente aún más colaborativo”.

En Brasil también entendieron que la nube es una alternativa eficiente para organizar la información dispersa de sus policías y cuerpos de seguridad. Los retos que significarán para el gigante latinoamericano la realización del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, lo ponen necesariamente en una posición compleja a la hora de enfrentar su alta tasa de criminalidad. Según cifras de la ONG Foro Brasileño de la Seguridad Pública, el año pasado se cometieron en el país 43.000 homicidios. “En estos eventos globales, la seguridad no puede fallar y por ello cerramos hace poco un acuerdo con Brasil para mover a la nube todos los sistemas de seguridad de la policía”, dice el colombiano Orlando Ayala, vicepresidente corporativo y asesor en jefe de Operaciones de Microsoft, uno de los cargos más altos en la compañía a nivel mundial. “Son 110.000 efectivos de la policía brasileña que ya han sido entrenados para el manejo del sistema de cloud para la seguridad de los eventos”.

Esta es una apuesta que en Argentina también tiene buena acogida, pero con sus matices. Desde 2008 el país sudamericano viene integrando las diversas bases de datos en lo relativo a seguridad pública, estableciendo distintos ‘puentes tecnológicos’ que permiten compartir la información entre los muchos organismos relacionados con la seguridad nacional. “Sin embargo, el gran problema es la diferencia en el desarrollo tecnológico que existe entre los distintos organismos y los distintos estados. Argentina tiene una organización federal, donde cada provincia tiene su autonomía: su propia policía, su propio poder judicial, su propio poder ejecutivo provincial. Entonces, primero hay que sortear los obstáculos de los distintos grados de desarrollo para empezar a conectarnos eficientemente”, dice Mónica Mitza, directora del Registro Nacional de Reincidencia de ese país. “Pero todo apunta a que en el mediano plazo lo vamos a lograr”.

En Chile, las instituciones viven un reto similar. Si bien existen esfuerzos gubernamentales en avanzar en esta materia a través de la integración de todas las fuerzas públicas de seguridad en un comité, se trata aún de una tarea en desarrollo. “En Chile existe un programa que integra a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros a través de un sistema de denuncia y detenciones integrados”, dice Lucía Dammert, quien también asesoró al gobierno de Sebastián Piñera en materias de seguridad. “Sin embargo, el Ministerio Público es autónomo, entonces nadie puede pedir su base de datos”. Aquello produce que la unificación total de la información de seguridad quede coja, desaprovechando las sinergias que podrían producirse en esta materia.

Los ejecutivos de la compañía estadounidense Kroll, que negocia con el gobierno chileno la asesoría para un plan tecnológico de seguridad similar al programa Tolerancia Cero, que desarrolló su matriz en Nueva York, creen que la seguridad pública en Latinoamérica va por buen camino. “El futuro comienza en su pasado”, dice Alan Brill, director ejecutivo de la compañía que además tiene sedes en Miami, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y São Paulo. “Inicialmente, los sistemas computacionales de seguridad eran centralizados, con grandes computadoras que manejaban toda la información; luego con la era del PC y su inteligencia distribuida, se dividió, se almacenaban los datos en distintos lugares y existían servidores muy poderosos para esta tarea”. Según Brill, el avance de la tecnología de virtualización, con la que se puede acceder desde múltiples dispositivos –un laptop, un smartphone o un iPad- a una misma aplicación “es lo que permite volver al modelo centralizado, con un control eficiente y mayor seguridad”.

El país de la región que está más avanzado en estos esfuerzos es Colombia, donde la Policía Nacional cuenta con 150.000 efectivos, prácticamente un ejército, y a diferencia de México, es unificada. Sin embargo, pese a esta mayor centralización, las características propias del territorio colombiano, montañoso y selvático, la comunicación eficiente y en tiempo real es un verdadero reto para las fuerzas de seguridad. “Lo que hicimos fue conectar a todos los efectivos policiales distribuidos en el país con una tecnología denominada Instant Messenger, que interconecta radios, computadores, video y telefonía tradicional”, dice Guillermo Almada, de Microsoft. El objetivo es que los efectivos policiales colombianos pudiesen tener acceso a la base de datos en cualquier momento que lo necesiten, en cualquier lugar del país, en un esfuerzo de virtualización de alta complejidad.

Según Raúl Durán, gerente general de Inntech en Colombia, la empresa responsable del desarrollo de virtualización de la policía colombiana, son tres las características que hacían especialmente complejo el proyecto. La primera de ellas tiene que ver con buscar soluciones para llevar banda ancha a todo el país, incluso en medio de la selva o de los Andes. La segunda, es que los dispositivos con que trabajen los policías no deben tener ningún tipo de información residual. “Si es que en un enfrentamiento un efectivo pierde su smartphone, por ejemplo, éste no debe tener ningún tipo de información que pueda ser usada en su contra”, dice Durán. La tercera es la seguridad con que se transmite la comunicación, la cual debe viajar con medidas adicionales de seguridad además de los más altos niveles de encriptación.

Pese a los distintos programas nacionales, los avances son incipientes. “El debate sobre compartir la información entre los diversos aparatos gubernamentales aún existe en algunos países de la región”, dice Ricardo Villate, vicepresidente de Investigación y Consultoría de IDC. “Esto sucede porque algunos gobiernos son conservadores frente a las tecnologías; sin embargo, estamos en un momento en el cual sí se les está dando importancia y ya hay varios que están apuntando a integrar la información”.

El responsable de haber popularizado los conceptos de unificación de bases para las fuerzas policiales es Richard Brutton, el oficial de policía que lideró los esfuerzos para acabar con las altas tasas de criminalidad en Boston, Los Angeles y Nueva York, en el plan conocido como Tolerancia Cero, junto al ex alcalde Rudolph Giuliani. No obstante, la filosofía de Button tiene un elemento que se está perdiendo en las estrategias latinoamericanas. “La lucha contra el crimen pasa por fortalecer a las organizaciones comunitarias no gubernamentales para que formen parte de los esfuerzos… Líderes religiosos, vecinales, estudiantiles, Brutton entendió que cualquier líder que tenga cierta autoridad local es fundamental en el esfuerzo”, dice el estadounidense Frank Holder, CEO para América Latina de FTI Consulting y experto en temas de seguridad en la región. “Brutton usó las tecnologías de comunicaciones no sólo para hacer que las agencias compartieran información, sino también con estos miembros de las comunidades”. El cloud hace este proceso mucho más fácil, y los smartphones, cada vez más extendidos, “pueden llegar de manera efectiva a todas las comunidades de América Latina”, dice Holder. “Si les das información relevante y a tiempo, los líderes comunitarios pueden ser piezas clave para resolver secuestros, evitar homicidios o violaciones”. No se trata de convertir a las comunidades en policías, sino que en convertirlos en piezas útiles e informadas de la lucha contra el crimen.

También se está invirtiendo en otros tipos de tecnologías que apuntan a mejorar la conectividad y la colaboración entre los efectivos policiales. Uno de los proveedores regionales de este tipo de tecnologías es Motorola Solutions, compañía que viene desarrollando en materia de seguridad pública centros de comando y control integrados que complementan la acción de las fuerzas de seguridad con las de misión crítica.

“En Jamaica tenemos redes que son compartidas por la policías, bomberos y otros organismos para enfrentar crisis y catástrofes”, dice a modo de ejemplo el venezolano Ramón Rodríguez, gerente de Ingeniería de Producto de la compañía.

No obstante, esta colaboración y conectividad no sirven de nada si no hay tecnología de punta tras ella. Por lo mismo, el ejército de Brasil ya cerró un contrato con Motorola Solutions para hacer las primeras pruebas de 4G en Latinoamérica. Para ello se invertirán US$2 millones en la implementación de una red LTE (Evolución a Largo Plazo) en Brasília, con el objetivo de tener mayor velocidad y seguridad en las comunicaciones.

Aunque en menor medida, la tecnología tras los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) también está atrayendo las miradas de las autoridades de la región. “Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, hay una explosión tecnológica vinculada con todos los mecanismos de CCTV”, dice Lucía Dammert. “Y hoy en día es mucho más avanzado, pues hay desarrollo de softwares que reconocen ciertos movimientos sospechosos. Aquello está creciendo bastante en Latinoamérica”.

Dammert se refiere a los softwares de reconocimiento facial y de comportamiento que algunos países europeos utilizan para prevenir atentados terroristas o actos de vandalismo. Esta modalidad de vigilancia comienza a introducirse en Latinoamérica, pero más bien para tareas vinculadas al control migratorio y delincuencia tradicional.

En Argentina, para agilizar el proceso de compartir información de seguridad, se están implantando nuevas tecnologías, como el reconocimiento biométrico, que registra datos como configuraciones faciales e imágenes de retina. “Estamos utilizando biometría en todo tipo de documentos: pasaportes, documentos de identidad, registro e identificación de detenidos y procesados penalmente, etcétera” dice Mónica Mitza. “Esto facilita una mejor identificación de las personas, logrando un mejor control migratorio, agilidad en los procesos penales, aceleración del sistema de búsqueda e identificación de personas extraviadas y posibles víctimas de hechos delictivos, entre otras”.

No se trata sólo de comprar gadgets y nuevos servicios. Éstos deben estar acompañados de cambios culturales y estructurales basados en la colaboración policial desde todos los órganos. Sin esto, las promesas de usar la tecnología al servicio de la seguridad quedará simplemente en palabras.

El Equipo de MU.

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